Carolina Corcho, expone los Tres elementos que deben tenerse en cuenta para comprender el tema de la financiación del sistema de salud.

1. No es cierto que el gobierno del Presidente Gustavo Petro haya desfinanciado la salud. En el primer año, hicimos un incremento de la UPC en 16,2%, alrededor de 6 puntos por encima de la inflación de ese año, que fue de 9,73%. Al Siguiente año, se aumentó la UPC en 12,01% y la inflación terminó en 5,2%. 

Este año, a pesar del desafortunado hundimiento de la ley de financiamiento por parte del Congreso de la República, el gobierno mantuvo el esfuerzo fiscal en salud, aumentando la UPC en 5,36%, por encima de la inflación esperada que está entre el 3 y 3,5%. Es decir, no hay ninguna evidencia que demuestre que supuestamente el gobierno ha desfinanciado el sistema de salud. 

2. El cálculo de la UPC se hace a partir de información reportada por las EPS. De 28 EPS, ocho están intervenidas. Del total, solo 15 reportaron información, de las cuales ocho cumplen con las certificaciones de revisores fiscales en cuanto a los gastos. De esas ocho, tres tienen inconsistencias internas, entre ellas la Nueva EPS que tuvo que ser intervenida por presunto desvío de billones de pesos del erario. 

Es importante que el gobierno publique los informes en los que se muestran las inconsistencias y que se compulsen copia a los organismos de control, dado que estos datos dan cuenta del presunto manejo irregular de recursos públicos de los colombianos por parte de estas entidades, por valor de 95 billones de pesos. 

3. Estamos de acuerdo con la apertura de mesas técnicas con diversas organizaciones de la sociedad civil para revisar de fondo el tema de la UPC. Pero, para que esto sea útil, la Supersalud debe exigir a las EPS la entrega de información clara, concisa, real y transparente que permita hacer una análisis serio. No puede abordarse esta discusión sobre la base de la especulación, las posturas ideológicas y el chantaje con la vida de los pacientes. Es con datos, cifras y evidencias. 

Este año, el sistema de salud tendrá más de 95 billones de pesos. No existen excusas para desproteger la garantía de este derecho fundamental, paralizar tratamientos y afectar la vida de los colombianos.